J.A. García/LA OPINIÓN DE ZAMORA

Los cazadores reclaman más protagonismo en la gestión de la vida silvestre y tratarán de conseguir su implicación ante los órganos administrativos. Además, ampliarán sus esfuerzos para voltear la mala imagen que sobre el sector envuelve a la sociedad, y que se traduce en un descenso pronunciado de aficionados a la caza. Sostienen que con su actividad colaboran al repunte poblacional del medio rural merced al importante dinero que dejan a su paso. Critican la conservación ineficiente que realizan algunos colectivos que reciben «subvenciones millonarias». Apuestan porque el sector no quede excluido de los Parques Nacionales donde «en realidad se engaña a la opinión pública porque se caza».

Los cazadores tomarán cartas en el asunto para voltear la visión de la sociedad hacia el sector, que consideran demasiado negativa, y reclaman a las administraciones más presencia y participación en la gestión de las especies tanto cinegéticas como no cinegéticas, por entender que es un colectivo implicado y capaz de intervenir favorablemente en el asentamiento poblacional y en el desarrollo del mortecino medio rural.

El portavoz de la Federación de Caza de Castilla y León, Felipe Vegue Contreras, culpa de algún modo de la mala imagen y del descenso en laS afiliaciones a las corrientes vertidas por ciertos grupos conservacionistas. «En los tiempos que corren nos arrinconan» expresa, de ahí que la Federación de Caza esté decidida a llevar a adelante una campaña de sensibilización social que revierta la mala estampa.

«Nuestro colectivo se encuentra en una posición difícil; perdemos cada año un número importante de cazadores y, sin embargo, sabemos que somos cada día más necesarios para afrontar con éxito problemas graves de difícil solución, como el despoblamiento rural por falta de rentas». Vegue destaca que «gastamos cada año grandes sumas en arriendo de cotos, hoteles, transporte, restaurantes, armas, licencias, tasas, etc... y recibimos a cambio continuas decepciones y enfrentamientos de opinión».
Para Vegue Contreras «todo esto tiene que cambiar mediante convenios, planes» u otras fórmulas, «pero la Administración debe comprender que en todas las acciones que se pongan en marcha hay que contar con los cazadores, entender que la caza en la actualidad, en un aprovechamiento sostenible, es compatible con el desarrollo y la supervivencia de todas las especies en entornos naturales tremendamente humanizados, que si no es con el concurso del cazador, negro futuro les espera».
El portavoz alude a la existencia de diferentes gremios en el colectivo de cazadores, entre los que se encuentran algunos que pasan por un estado difícil y de marginación. En este sentido apunta a distintos niveles, en un lado los cazadores « nacionales y extranjeros, con poder adquisitivo y que buscan los trofeos», en otro lado los cazadores «locales, con bajo poder adquisitivo», pero que tienen la posibilidad de aprovechar los cotos locales, y en el medio sitúan «al cazador urbanita», que no accede a la gran caza mayor y tampoco halla sitio en los cotos locales.

Defiende la filosofía de gestión aplicada por la Junta de Castilla y León, «que intenta por todos los medios promover la caza como alternativa», pero considera que «todo queda en agua de borrajas si no hay alternativas». Valoró positivamente el paso dado por la Consejería de Medio Ambiente de construir Casas de Caza en las Reservas regionales de Caza por cuanto que los cazadores «se gastan un importante dinero» en el ejercicio de su afición.

Subvenciones millonarias y pocos remedios

Felipe Vegue es especialmente crítico con el uso del dinero público. «Hoy en día existen muchos estudios técnicos, subvenciones millonarias hacia profesionales del medio ambiente y grupos ecologistas que aprovechan la alarma creada por la situación crítica de las especies sin poner efectivamente remedio al problema en forma de trabajo práctico y constructivo, como desde hace tiempo vienen haciendo, con sus propios recursos, las sociedades de cazadores, guardas de campo y propietarios de fincas que consiguen verdaderos paraísos naturales envidiados por las administraciones autonómicas que, con muchísimos más medios empleados, dan demasiados palos de ciego».

Señala el portavoz de la Federación que, en casos, «los planes de recuperación de especies han ido a manos de personas a quienes lo que más les interesa es seguir chupando de la teta». Incluso reprocha que buena parte de las ayudas vaya «siempre a manos de los mismos». La Federación de Caza está convencida de que los planes de recuperación, «contando con la colaboración e implicación de los habitantes de la zona donde se desarrolle el proyecto, con menos presupuestos que los destinados a otras especies críticas como el lince o el águila imperial, es posible que vean resultados a más corto plazo, siempre y cuando el dinero destinado a dichos planes no caiga sólo en uno de los lados de la balanza, como hasta ahora».

«Pediremos la exclusión del lobo como especie cinegética»                 

La Federación de Caza exige un reparto «más justo de las responsabilidades por los daños del cánido».
El portavoz de la Federación hace una especial incidencia en el papel de los cazadores cuando se trata de ejercer un control de especies en territorios donde se pretende preservar especies en estado crítico o vulnerable. «Existe proliferación de animales predadores que se trampeaban de una forma tradicional para usos rurales, y los jabalíes, con crecimientos exponenciales provocados por la intervención humana, provocan competencias por la comida y destrucción del hábitat, nidos y pollos».
Precisa que «el hecho de que esté prohibida la caza en determinados territorios no quiere decir que no se cace, porque es una labor que realiza la propia guardería de Medio Ambiente -o empresas privadas- sin ningún provecho cuando, en algunas especies, se pagan verdaderas burradas». Al respecto afirma que «en muchos parques nacionales que tienen prohibida la caza, en realidad se está engañando sutilmente a la opinión pública porque se caza en ellos y, a veces, sin ningún plan de control ni medidas de saneamiento. Muchas veces los animales se cazan con el dinero de todos y sin aprovechamiento cinegético por empresas de técnicos cualificados o guardería, lo que nos lleva a pensar a veces que los cazadores deportivos tendremos que convertirnos en profesionales de pago para poder seguir ejerciendo nuestro deporte».

La Federación de Caza tomará cartas serias sobre el Plan para la Conservación y Gestión del Lobo por entender que «se olvida» de los cazadores y, al tiempo, les carga con una gran responsabilidad cuando se trata de daños. «Las capturas de lobo van a estar muy restringidas por parte de la Administración. En la zona II se puede extraer un porcentaje entre el 10% mínimo y el 18% máximo y, digan lo que digan los responsables del plan, significa que por cada 100 lobos que haya en la zona los cazadores podrán aprovechar unos 15, y para ello nos tenemos que hacer responsables de los daños que causen 100 lobos durante los 365 días del año».

Afirman que el Plan «se olvida de los cazadores cuando detalla el procedimiento de comunicación y reclamación de daños, dejando al arbitrio del ganadero la posibilidad de comunicar o reclamar daños puntualmente o utilizar el plazo de un año para reclamar judicial de daños a los cazadores, tal y como ha venido ocurriendo en daños en carreteras o a cultivos, siendo entonces imposible cualquier medio de actuación o defensa frente a las reclamaciones por los titulares de los cotos».
Los cazadores sólo están de acuerdo «con la eliminación total, a través de la Ley de Caza, de la responsabilidad de los titulares de cotos por los daños provocados por todas las especies cinegética, salvo mala gestión de los cotos o acción directa de caza».
Están dispuestos, afirman, a «solicitar la exclusión del lobo como especie cinegética en Castilla y León sino se atribuye la responsabilidad de los daños de una manera justa».

En tanto no cambie la Ley, para paliar los daños del lobo, conciben como «necesario» que «la Junta de Castilla y León contrate un seguro asequible que cubra todo el territorio, de la misma forma que el que cubría los daños en las zonas de seguridad, aprovechando que se ha suprimido éste con gran ahorro para la Administración». También «que se arbitren ayudas para la compensación de daños reclamados por la franquicia de dicho seguro a los titulares de cotos, y que se comunique a los titulares de cotos, en el momento de producirse, las denuncias por daños del lobo y participen en la elaboración de los informes».

«Están lloviendo palos por todas partes a las rehalas»

Otro de los frentes abiertos, en el que se buscan soluciones, es el de las rehalas, cada día más necesarias por el auge que registra la caza mayor y el desarrollo de monterías. «En estos difíciles momentos que atraviesa el mundo de la cinegética en general, al colectivo de rehalas le están lloviendo palos en todas direcciones en forma de disposiciones, reglamentos y leyes de obligado cumplimiento tanto nacionales como autonómicas» dice Felipe Vegue.

Tras afirmar que «esta modalidad de caza es la esencia más antigua de nuestras tradiciones venatorias», expone que «las rehalas y su entorno, de seguir las autoridades exigiendo en un corto espacio de tiempo la adaptación de las misma, mucho nos tememos que se quedarán por el camino, sobre todo las que estando en mano de aficionados deportivos, no puedan hacer frente a los costos que sucesivas adaptaciones llevan aparejados».

Hace mención a diversos aspectos entre los que está el núcleo zoológico, «competencia autonómica y de los Ayuntamientos, basada en la Ley de Calidad Ambiental». Para Vegue «el problema viene de la necesidad de disponer de terrenos adecuados, fuera del casco urbano y con las necesidades de agua cubiertas, amén del Plan Sanitario y de las construcciones adecuadas para albergar a los perros». Expone que «los costos de adaptarse a Núcleo Zoológico son brutales para los aficionados que, en la mayoría de los casos, no tienen como negocio a la rehala». Además, cree necesario «que se arbitre algún tipo de subvención a la Administración Autonómica que pueda facilitar dichos establecimientos».

Otra cuestión es la tocante a la desinfección de transporte animal. Sobre el particular indica que «es competencia de Agricultura y Ganadería, de obligado cumplimiento por las Autonomías». Añade que «cada una hace lo que quiere en cuanto a regulación para cumplir dicho trámite; además faltan centros de desinfección en muchas de las zonas, y no están abiertos cuando se realizan los transportes de las rehalas, por horarios y por coincidir en festivos los días de traslado de las mismas».
En consecuencia, «también en este caso los aficionados son conscientes del riesgo que puede representar trasladar animales en malas condiciones higiénico-sanitarias», de ahí que soliciten «la posibilidad de efectuarlo con nuestros propios medios bien en origen o destino».

No es menor el problema derivado del carnet de transporte animal. «Cada una de las comunidades autónomas tiene subvenciones a otorgar a sindicatos, organizaciones agrarias, o técnicos cualificados, para desarrollar el curso de Bienestar Animal durante el transporte, considerando a los perros de rehala como animales de producción ganadera». Es una cuestión con la que «nadie del mundo del perro está en absoluto de acuerdo, donde se le considera animal de compañía desde el principio de los tiempos». Asimismo, aluden al carnet de Licencia específica «que ampara únicamente al titular de
la rehala».